En Bolivia, la crisis de la gasolina contaminada persiste por más de tres meses, afectando a miles de ciudadanos cuyos automóviles sufren daños severos. Pese a las acusaciones de corrupción generalizada, la gran pregunta sobre la responsabilidad se mantiene intacta, pues no se han observado acciones concretas, procesos judiciales ni sanciones correspondientes.

El ministro de Hidrocarburos evita comparecer sobre esta problemática ante un congreso, a pesar de que la convocatoria de la Asamblea Legislativa cuanta con el respaldo de más del 90 por ciento de los legisladores de partidos de derecha.

La falta de explicaciones oficiales ha incrementado las críticas en torno a la calidad del combustible que se comercializa en el país.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano, Helen Patiño, denunció hechos de corrupción vinculados al caso y aseguró que la mala calidad del combustible ha provocado daños en miles de vehículos, incluido el suyo, que se encuentra en malas condiciones.

Por su parte, la senadora del Partido Libre, Tomasa Yarhui, cuestionó las versiones ofrecidas hasta ahora por las autoridades, que han atribuido el problema a la gasolina importada, a fallas en cisternas, errores de operadores e incluso a posibles sabotajes internos. No obstante, criticó que hasta el momento no se hayan iniciado procesos, investigaciones ni sanciones concretas contra los responsables.

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En medio de la controversia, también surgieron cuestionamientos por la paralización de un estudio técnico que debía realizar la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Inicialmente, el Gobierno había anunciado que expertos de esa institución analizarían la calidad del combustible, pero posteriormente el proceso fue detenido sin explicaciones claras.

Jaime Sánchez, director de la carrera de Ingeniería Mecánica e investigador de la UMSA, explicó que el equipo académico tenía previsto trabajar junto al Instituto de Química para verificar la calidad de la gasolina tanto en su ingreso a los depósitos como en su distribución. Sin embargo, indicó que el proyecto fue suspendido antes de su inicio por una orden superior.

El especialista detalló que incluso se había diseñado un plan para ingresar a la planta de Sencata con investigadores y estudiantes, con el objetivo de recolectar muestras y emitir reportes diarios.

A más de tres meses del inicio del problema, la gasolina basura sigue siendo importada y comercializada en el país, lo que mantiene la preocupación por los daños a los motores de los vehículos. En ese contexto, Sánchez puso en duda las explicaciones oficiales y cuestionó la falta de coherencia en las decisiones adoptadas.

Asimismo, advirtió que los contratos de adquisición del combustible permanecen bajo reserva en la estatal Yacimientos, lo que impide una fiscalización transparente, y denunció que tampoco se autorizan evaluaciones independientes sobre la calidad del producto.

Ante esta situación, el Legislativo conformó una comisión que tendrá un plazo de cuatro meses para investigar el caso. La controversia coincide, además, con un incremento de aproximadamente el 100 por ciento en el precio interno del combustible y con un aumento significativo en los costos de importación en comparación con la anterior Administración.

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